Página 12

Más de 1000 alumnos debatieron en sus escuelas sobre el alcance y el ejercicio pleno de sus derechos, en el marco de un programa del Ministerio Público Tutelar. El resultado es una edición de la Convención Internacional interpretada por los propios niños y niñas.

Esta nueva versión de la Convención tiene ilustraciones de Tute.
“El derecho a la identidad es saber quién sos, quién es tu mamá y tu papá. Tener nombre y apellido, un DNI, ese papel con números, foto y fecha de nacimiento.” Así se comenta el artículo que contempla el derecho a la identidad en la reedición de la Convención sobre los Derechos del Niño que este mes presentó el Ministerio Público Tutelar (MPT), en el que chicos y chicas intervinieron con interpretaciones sobre sus derechos. Esta nueva versión, dirigida a los niños, tiene ilustraciones de Tute y deriva del debate de más de mil estudiantes que en sus escuelas abordaron cuestiones como el alcance y el ejercicio pleno de sus derechos. El espíritu de la iniciativa fue “darles la palabra y escucharlos” para que los chicos respondan las preguntas que con frecuencia se les formulan a los adultos.

“Desde que la Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por las Naciones Unidas, se ha debatido y escrito mucho al respecto, pero este es un trabajo diferente, de y para los niños, que da cuenta de cómo ellos interpretan y conciben sus propios derechos”, señala Yael Bendel, Asesora General Tutelar. Chicos y chicas de escuelas porteñas debatieron sobre sus derechos junto a equipos interdisciplinarios de la Asesoría y organizaciones sociales, para que ellos mismos construyeran una nueva versión de la Convención. En ese sentido, la publicación tiene por objetivo que chicos y adolescentes promuevan entre sus pares el conocimiento y pleno ejercicio de sus derechos, así como concientizar a los adultos sobre sus obligaciones.

“Les pedimos a los que más saben que comenten la Convención y el resultado fue extraordinario. Confirmamos que los chicos nos pueden enseñar todos los días mucho más que cualquier adulto”, explicó Bendel. De esta manera, el artículo 1 del documento define que los Derechos del Niño alcanzan a todos los menores de 18 años, lo que para los alumnos de 2º grado A del Colegio Bayard de CABA implica que “la convención es la constitución de los chiquitos, que somos el tesoro de mamá, papá, los abuelos y los maestros. Hasta que cumplimos 18 años somos personas en crecimiento que vamos aprendiendo cómo ser adultos”. En otro artículo y respecto a la importancia de conocer la propia identidad, los alumnos de la escuela Emilio Von Behrign, de Mataderos, comentaron que: “Que sepan quién sos te sirve para entrar a la escuela, anotarte en fútbol y para que sepan cómo llamarte”.

Acerca del derecho a la salud y el desarrollo, los alumnos de las escuelas porteñas de Barracas y Palermo concluyeron que “tenemos derecho a ir al doctor, y que sea buena onda, a que nos den vacunas para prevenir que nos enfermemos, a comer sano, lavarnos los dientes y las manos, bañarnos y ser libres”.

Para la Asesora General Tutelar, el trabajo realizado en distintas escuelas –tanto públicas como privadas– de la Ciudad de Buenos Aires fue una actividad de mucho aprendizaje. “Nos sorprendimos de muchas de las frases que los chicos y chicas dijeron. Nos asombró la claridad con la que definieron algunos conceptos que a muchos adultos nos cuesta definir. Estamos muy agradecidos con la experiencia y por sobre todo con la colaboración y predisposición de los docentes”, relató Bendel.

La Convención sobre los Derechos del Niño es un compromiso internacional que asumen los Estados para garantizar y resguardar el bienestar de los más chicos. La Asamblea General de las Naciones Unidas la adoptó en 1989 y en el país se hizo constitucional en 1994. En ese sentido, se trata de “el instrumento del derecho internacional más importante del mundo, porque prácticamente todos los países lo han aceptado”, destaca la Asesora del MPT.

El lanzamiento de esta nueva edición de la Convención se realizó con motivo del aniversario de los Derechos del Niño. El evento se llevó a cabo en el Salón Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y estuvo a cargo de la Asesora General Tutelar. Además, estuvieron presentes los alumnos de las veinte escuelas y organizaciones sociales que formaron parte del proyecto a quienes se les entregó un ejemplar de la Convención y una distinción especial.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-286376-2015-11-18.html

La gobernadora electa de la provincia había justificado inicialmente el accionar del policía que acribilló a un joven en La Boca. El propio subjefe de Policía la contradijo. Ayer expresó que “no descarta ni confirma” su primera versión de los hechos.
Ahora, la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, dijo ayer que “no descarta ni confirma” que el caso de Lucas Cabello, baleado el lunes por un agente de la Metropolitana en el barrio de La Boca, haya tenido su origen en un episodio de violencia de género. Tanto la familia, los testigos y el propio subjefe de la fuerza ya lo negaron. Responsables del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensa Pública de la Ciudad y de las organizadoras de la marcha #NiUnaMenos advierten que “la violencia machista no justifica la violencia policial”. En grave estado, el joven baleado sigue internado en el Argerich.

“Había un botón antipánico y es una zona donde los distribuimos a mujeres víctimas de violencia de género, porque es zona de la Metropolitana. Cuando la Justicia muestre lo que tenga para mostrar, diré lo que tenga para decir, ni descarto ni confirmo (que sea un caso de violencia de género)”, manifestó la gobernadora bonaerense electa. “A partir del hecho, pusimos en disponibilidad e iniciamos un sumario interno sobre el agente de la Metropolitana involucrado. Ya están declarando testigos y tiene que avanzar la Justicia”, indicó Vidal. Inicialmente, Vidal había asegurado que el policía actuó en el marco de un problema de violencia de género.

La madre de la víctima, Carolina, exigió a Vidal que “se rectifique” por sus dichos sobre que “se trató de un caso de violencia de género”. “Me parecieron indignantes sus declaraciones, intentó justificar lo injustificable con una mentira”, afirmó en concordancia con el subjefe de la Policía Metropolitana, Ricardo Pedace, quien calificó como “una confusión” las palabras de la vicejefa de Gobierno.

En tanto, el efectivo que le disparó a Cabello declaró ante la Justicia, dijo que se defendió de una “agresión” y que actuó “según los protocolos” de la fuerza. El policía Ricardo Ayala estaba de consigna en Martín Rodríguez 559 debido a una causa por amenazas entre dos vecinas del lugar, un inmueble de tránsito del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).

Por su parte la CTA de la provincia de Buenos Aires expresó su repudio por el accionar del efectivo de la Metropolitana y criticó a la gobernadora bonaerense electa por haber “tratado de disimular la responsabilidad ante el accionar de esta fuerza policial, tergiversando los hechos, intentando convertir a la víctima en victimario. Este irreparable hecho de violencia no es aislado sino que refleja el accionar de la Metropolitana, que está muy lejos de ser una nueva fuerza moderna y eficiente, porque entre 2011 y 2015 se registraron 28 muertes a manos de efectivos policiales de esa ciudad. Ahora hay una nueva víctima de gatillo fácil y la vida de Lucas hoy pende de un hilo”, expresó el gremio en un comunicado.

En el caso del chico baleado en La Boca, el ministro de Justicia y Seguridad porteño sostuvo la misma versión de María Eugenia Vidal, ya desmentida por el subjefe de la Metropolitana. Justificó la reacción a tiros contra un arma inexistente.

Por Horacio Cecchi
El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, salió en defensa cerrada del metropolitano Ricardo Ayala, que fusiló a Lucas Cabello en La Boca, con el argumento de que el policía lo intentó “identificar, esa persona extrae un arma y él le dispara”. Durante una entrevista radial, Montenegro, al ser consultado sobre un informe del CELS, que detalla 28 casos de uso de fuerza por parte de efectivos de la Metropolitana con resultados letales, 6 de ellos denunciados como gatillo fácil, sostuvo que “en un solo caso tengo certeza de exceso en la legítima defensa” y agregó que “hay que ser equilibrado para manejar datos, porque dentro de la policía (Metropolitana) hay 6000 personas y hablar que toda una institución puede estar utilizando el gatillo fácil, es excesivo”. Difícil tarea la de justificar que a Ayala no le alcanzó con disparar para defenderse de un arma que no aparece, no una sino tres veces. Hoy, para reclamar justicia y para que Montenegro reconozca la realidad, los vecinos y familiares de Lucas se concentrarán nuevamente a las 18 en Almirante Brown y Villafañe.

Lucas Cabello, de 20 años, fue baleado por el metropolitano Ricardo Ayala, de la misma edad, el lunes pasado a las 15.30, en el umbral de su casa, en Martín Rodríguez al 500, en La Boca. En la misma línea que Montenegro, en su declaración, el policía Ricardo Ayala sostuvo que Cabello lo apuntó con un arma y él disparó. El titular de la Procuvin, Miguel Palazzani, sostuvo que fue un fusilamiento. Testigos afirman que el policía disparó una vez y cuando Lucas estaba en el piso retorciéndose se acercó y gatilló dos veces más. Como sostuvo ayer Montenegro durante la entrevista del programa Diario del Futuro, de la Rock&Pop, “hay versiones, la que yo tengo es ésta. Vamos a dejar trabajar al juez para que pueda decidir qué es lo que ocurrió, porque yo fui juez y realidad hay una sola”.

Montenegro insistió con la versión de María Eugenia Vidal, de que “existía violencia de género, había un botón antipánico”, contradiciendo al subjefe de la Metropolitana, Ricardo Pedace, que unos días antes había explicado claramente que el botón antipánico y la consigna se debían a amenazas entre vecinos, y que no tenían nada que ver con los hechos.

El ministro sostuvo que “una de las personas que era víctima de las amenazas permanentes le comenta al policía que uno de los agresores tenía un arma, el efectivo lo quiere identificar, esa persona extrae un arma y él le dispara”. Si a la realidad hay que remitirse, el arma mencionada nunca apareció ni –si es que existió– hay rastros de que haya sido disparada. Si hubiera existido el arma, Montenegro tampoco explicó el motivo de que el metropolitano disparara no una sino tres veces. El policía sólo habló de dos disparos. El cuerpo de Lucas no miente: fueron tres.

Montenegro, además, hizo una fuerte defensa del accionar de la Metropolitana desde su creación, en 2010. Sostuvo que “en un solo caso tengo certeza de exceso en la legítima defensa”. Luego sostuvo que “hay que ser equilibrado para manejar datos, porque dentro de la policía (Metropolitana) hay 6000 personas y hablar que toda una institución puede estar utilizando el gatillo fácil, es excesivo.” Y agregó que “no estamos de acuerdo con el uso excesivo de la fuerza, pero me sorprende que de todos los policías que han muerto, nunca jamás nadie me preguntó”.

El CELS produjo un informe en el que recuerda las violentas intervenciones de la Metropolitana: Parque Indoamericano, Villa 31, Parque Centenario, Sala Alberdi, Hospital Borda. jalones del exceso de violencia de la Metropolitana. El CELS sostuvo que desde su creación, la Policía Metropolitana ha sido responsable de al menos 28 casos de uso de la fuerza letal. Entre ellos, al menos 6 fueron ejecuciones. Como consecuencia de las intervenciones violentas metropolitanas, al menos 111 personas resultaron heridas. “La Metropolitana –sostiene el informe– ya forma parte de la tradición que reproduce respuestas violentas y discriminatorias amparadas en un discurso político justificador.”

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-286228-2015-11-16.html

PROCUVIN PRESENTO UNA DENUNCIA CONTRA GENDARMERIA POR DETENCION ILEGAL DE ADOLESCENTES

El informe señala una acción sistemática y no aislada. Entre 2013 y 2014 realizaron dos detenciones ilegales por mes. Todas en el área del Operativo Cinturón Sur. En muchos casos refirieron humillaciones, golpes y hasta torturas físicas.

Por Horacio Cecchi

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En Ugarteche, Luján de Cuyo, un grupo de vecinos airados prendió fuego a una casilla en la que se había ocultado un chico acusado de un robo que murió calcinado. Detuvieron a cinco personas vinculadas con el robo, pero a ninguna vinculada con el crimen.

Por Horacio Cecchi

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Los casi diez millones de jóvenes que según el último censo viven en Argentina tendrán por primera vez desde la vuelta de la democracia una ley que garantiza sus derechos de manera integral. El proyecto de ley de Promoción de Juventudes, anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por cadena nacional, pretende institucionalizar las políticas sociales destinadas a la juventud durante los últimos doce años “para que no queden a tiro de un decreto presidencial y permita, sobre la base del piso de derechos conquistados, discutir la agenda a futuro de los jóvenes”, dijo a Página/12 Facundo Tignanelli, subsecretario de Juventud y uno de los impulsores del proyecto.

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“Desde la década del ‘80, el encarcelamiento redujo su efecto en el control del delito. A partir del 2000, el impacto que tuvo el crecimiento de la prisionalización, en otras palabras, agregar gente a la cárcel, sobre la tasa de criminalidad fue esencialmente cero”. La conclusión surge de un riguroso estudio realizado por un equipo de investigadores de la prestigiosa Escuela de Leyes de la New York University sobre las cincuenta principales ciudades de Estados Unidos, en los 50 estados que componen el conglomerado del Norte. El informe cuenta con consenso entre demócratas y republicanos. “De hecho –remata el informe–, mientras que grandes estados como California, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York y Texas reducen sus poblaciones carcelarias la tasa delictiva continúa en descenso”. El informe fue presentado en Buenos Aires ante la presencia, entre otros, de lobbistas y prácticos del manodurismo local.

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Martín Monzón fue detenido tras confesar que apuñaló y descuartizó a su pareja, Horacelia Marasca, de dieciséis años. Los restos de la joven fueron hallados en bolsas de consorcio. La pareja tenía un bebé. Durante tres años la joven sufrió violencia de género.

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PARAN ESCUELAS PORTEÑAS EN SOLIDARIDAD CON LAS MAESTRAS DE AGUSTIN
Hoy se cumple el paro convocado por los gremios docentes de la Ciudad, en señal de protesta por la suspensión de las docentes del niño asesinado por su padrastro. Una de ellas explicó que nunca vio señales de maltrato en el niño ni en su madre.

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La jueza de instrucción Silvia Ramond procesó a Leandro Sarli y B.G.B., padrastro y madre de Agustín Marrero, por considerar acreditada su responsabilidad en la muerte del chiquito. Sarli fue procesado por homicidio agravado por alevosía, mientras que B.G.B. –cuyo nombre fue mantenido en reserva por decisión judicial– lo fue por omisión de cuidado, al no haber evitado la muerte de su hijo.

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La UTE de docentes porteños dispuso un paro mañana. Piden la restitución de la directora y una maestra de la Escuela 8, uno de cuyos chicos murió por los golpes recibidos en su casa.

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Un joven de 20 años que estaba desaparecido desde hacía más de un año fue encontrado enterrado como NN en un cementerio de Benavídez, adonde había llegado tras sufrir un accidente ferroviario el mismo día en que fue visto por última vez.

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La Procuraduría de Violencia Institucional denunció a tres policías porteños por un procedimiento en Saavedra que incluyó una golpiza a cuatro adolescentes y a la madre de tres de ellos. La mujer quiso hacer la denuncia policial, pero terminó detenida.

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El rescate de “una experiencia olvidada”, la del psicoanalista August Aichhorn, permite reflexionar sobre “el delincuente juvenil como alguien necesitado de asistencia”, criterio que, según el autor, ha cedido ante “un giro punitivo que preconcibe al delincuente como enemigo de la sociedad”.

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Nuevamente, como en otros casos de niños y niñas muertxs en circunstancias similares y que han recibido alguna atención de los medios (Priscila, Luciana, Mía, etc.), se puede también presumir la parsimonia y morosidad de la actuación del servicio de justicia y de los organismos administrativos responsables de la protección de la infancia y –por otro– el incumplimiento frecuente por parte de algunas personas de la obligación legal que impone a representantes legales, profesionales de la salud, educadores, servicios sociales y asistenciales y funcionarios públicos en razón de su profesión: denunciar los casos en que al menos se sospecha razonablemente que niños, niñas, adolescentes son víctimas de violencia física, emocional y/o sexual por parte de algún integrante de su grupo familiar, sea conviviente o no. Paralelamente las mismas leyes establecen la facultad de denunciar para cualquier persona que tenga conocimiento de este tipo de hechos, y en este caso particular muchas personas declararon ante las cámaras de televisión estar al tanto de la violencia física severa que este niño padecía por parte de su padrastro. (más…)